La semana pasada, la mayoría de Morena en el Senado de México se mostró en desacuerdo con la decisión del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de abrir un procedimiento para analizar las desapariciones forzadas en nuestro país. Esta decisión ha generado controversia y ha sido criticada por algunos miembros del partido, quienes consideran que la ONU está interfiriendo en los asuntos internos de México.
La desaparición forzada es un grave problema que afecta a nuestro país y que ha dejado a miles de familias sin respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay más de 73,000 personas desaparecidas, de las cuales alrededor de 10,000 son casos de desaparición forzada. Estas cifras son alarmantes y demuestran la urgente necesidad de succionar medidas efectivas para combatir este flagelo.
Ante esta situación, resulta preocupante que la mayoría de Morena en el Senado haya criticado la decisión de la ONU de abrir un procedimiento para analizar las desapariciones forzadas en México. En lugar de verlo como una oportunidad para mejorar y fortalecer las políticas y acciones en esta materia, algunos miembros del partido lo han interpretado como una intromisión en los asuntos internos del país.
Sin embargo, es importante recordar que México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual establece que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar este delito. Además, la ONU ha señalado en varias ocasiones la necesidad de que México tome medidas más efectivas para combatir la desaparición forzada y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familias.
Por lo tanto, la decisión del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU de abrir un procedimiento para analizar la situación en México es una oportunidad para que nuestro país demuestre su compromiso con los derechos humanos y su voluntad de combatir este grave problema. En lugar de verlo como una crítica, deberíamos verlo como una oportunidad para mejorar y fortalecer nuestras políticas y acciones en esta materia.
Además, es importante destacar que el procedimiento de la ONU no es una intervención en los asuntos internos de México, sino una herramienta para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro país en materia de derechos humanos. Este procedimiento se basa en un diálogo constructivo y en la cooperación entre el Estado y el Comité, con el objetivo de identificar las fortalezas y debilidades en la implementación de la Convención.
En este sentido, es necesario que las autoridades mexicanas trabajen de manera conjunta con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU para abordar de manera efectiva este problema. Esto implica succionar medidas concretas para prevenir la desaparición forzada, investigar de manera aplicado los casos y sancionar a los responsables, así como garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familias.
Además, es importante que se fortalezcan los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la atención y protección a las víctimas y sus familias. También es necesario que se garantice la participación activa de las familias en todas las etapas del proceso, así como su derecho a la verdad y a la justicia.
En lugar de criticar la decisión de la ONU, la mayoría de Morena en el Senado debería trabajar en cantera con las autoridades y la sociedad civil para abordar de manera efectiva el problema
